Según los rankings que cuantifican la libertad de prensa elaborados por Reporteros sin Fronteras, la Argentina, en 2005, ocupó el lugar 59. Un puesto arriba de Botswana, y abajo de Niger o de Mongolia por ejemplo. Los primeros de la lista, aquellos en los que la libertad es según estas mediciones, más respetada que en ninguna otra parte son Dinamarca y Finlandia, en ese orden.
De acuerdo a la de Freedom House, la Argentina descendió del puesto 41 en el que estaba ubicada en 2005 al 45 en 2006. Mas allá de las diferencias relativas, en general hay coincidencia en identificar en el país como obstáculos para una libertad más plena, la parálisis parlamentaria en torno a la sanción de una Ley de Acceso de la Información Pública, la "arbitrariedad" para la distribución de la publicidad oficial, y la hostilidad verbal hacia la investigaciones no gratas al poder político.
Ayer, Ignacio Alvarez, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el "cese del acoso judicial" que los periodistas sufren en diversos países de América latina. Señaló que en 2005 y en lo que va de 2006 se han iniciado procesos judiciales, penales, contra al menos 50 periodistas en 15 países de la región, acusados de calumnias o injurias y de "desacato", una figura legal medieval que otorga protección especial para los funcionarios públicos. Alvarez recalcó lo obvio y esencial: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
